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k1.jpgEspaña: ¿Salvar al Euro, salvar a los bancos?
Los prospectos económicos de Europa han continuado agravándose en su larga
batalla por salvar al Euro (The New York Times, 24 de mayo, 2012), después
de que en la cumbre europea extraordinaria los principales líderes
participantes retrasaron tomar decisiones serias para enfrentar la crisis
económica que afecta al viejo continente. En medio de tal parálisis, se
sigue insistiendo en que Grecia debería dejar la zona Euro para su propio
beneficio (The Wall Street Journal, 24 de mayo, 2012) y el gobierno español
continúa negando la urgente necesidad de establecer un plan integral y
coherente para atender su crisis bancaria y financiera.
España se enfrenta a
la hora de la verdad, pero prefiere esperar a que le digan que tan grave
está el enfermo, que se encuentra casi en las puertas del tanatorio, antes
de actuar.
Algunos cínicos, dicen que si algo enseña la historia es que no enseña nada,
como aparentan asumirlo ciertos gobernantes de la zona Euro, del Banco
Central Europeo y otros funcionarios comunitarios. Sin embargo, para muchos
otros no es ese realmente el caso de la crisis financiera y económica, casi
global, que se hizo evidente desde 2007. Esto, a pesar de que se sigue
insistiendo por diversas autoridades nacionales e internacionales de que la
crisis europea es una crisis de deuda soberana y de que, consecuentemente,
la contracción del gasto público es una prescripción genéricamente válida.
Finalmente, después de mucho andar y penar desde el rescate bancario
Británico en 2007, mudar hacia el rescate financiero de Irlanda y Portugal
más tarde, agravar los problemas de deuda soberana de Grecia, alentar los
problemas de liquidez de
España e Italia, la necia realidad hace regresar a
las autoridades europeas al problema inicial de mantener un sistema
financiero y bancario sano para enfrentar una crisis como la actual. De no
ser así, los problemas financieros habrán de irse extendiendo sistémicamente
hacia otros bancos y otros lares, hasta posiblemente alcanzar los mercados
emergentes, como parece ser el caso español.
En pleno inicio de la crisis en 2008, ante las medidas emergentes tomadas en
los Estados Unidos de Norteamérica (USA), el pánico generado por los
problemas de solvencia del Northern Bank, en el Reino Unido, y los problemas
de liquidez del BNP Paribas, de Francia, en
España se presumía la fortaleza
de su sistema bancario, al extremo de exhibirlo casi no tan sólo de ejemplo
europeo, sino también mundial. Tal actitud contrastaba con el hecho de que
siendo convencionalmente identificada la crisis a las hipotecas sub-prime,
los bancos españoles tenían un alta exposición al sector inmobiliario, tanto
por la vía de los desarrolladores de vivienda, como de los deudores
individuales de hipotecas.
Más extraño aún resulta que en plena crisis de liquidez y de solvencia de
bancos y cajas españolas, ya en 2010, siguiera insistiendo el gobierno
ibérico y el Banco Central de
España (BCdE) que la situación de liquidez de
la banca española era manejable. Así, sería posible campear la crisis con la
consolidación o fusión de instituciones y en que, en algunos casos
extraordinarios, se requerirían apoyos temporales para fines de
capitalización.
La historia inmediata demostró, una vez más, que una crisis financiera debe
ser atendida de manera rápida, efectiva y eficiente, a riesgo, en caso
contrario, de acrecentar la crisis económica nacional que normalmente la
origina y, por la vía del contagio, afectar otras economías, regiones y
continentes. Así, en medio de esta realidad se ha anunciado, como casi
siempre, a destiempo que Bankia, el banco español recientemente
nacionalizado, necesitará otros € 15,000 millones además de los € 4,465 ya
inyectados (El País, 25 de mayo, 2012). Ello, ante la desconfianza que
tienen las autoridades europeas, el propio gobierno español y los
depositantes sobre la información financiera disponible y la misma seriedad
del BCdE.
De esta manera, en pleno caos mediático peninsular se ha anunciado que dos
consultores y tres auditores revisarán el estado financiero de liquidez y
solvencia que realmente guardan las instituciones bancarias españolas. Esta
acción inusitada se tomó en medio de la casi sempiterna discusión de si se
deben emitir Eurobonos, tal como se ha insistido desde 2011, para bajar
tasas de interés y garantizar la deuda soberana, y, de igual forma, si el
Banco Central Europeo (BCE) debe actuar como tal o no, incluyéndole el
mandato comunitario de alentar el crecimiento económico, como políticamente
lo ha propuesto el actual Presidente de Francia.
El relativo caos en el que se da la definición de medidas contingentes para
enfrentar una crisis bancaria y financiera no es extraordinario; máxime si
se toma en cuenta la reciente experiencia japonesa y la crisis bancaria
mexicana. En este último caso, se llegaron a implementar 11 programas de
apoyo y de rescate bancario, en un periodo de tres años, antes de llegar a
la capitalización permanente de los bancos por parte del gobierno, cuyo
costo socializado no ha sido abatido monetariamente después de más de 10
años.
Obviamente cada caso es un caso, pero hay consideraciones y medidas
generales que bien vale la pena tomar en cuenta para el diseño e
instrumentación de un Plan de rescate bancario, antes de que se agudice
adversamente la situación de los bancos españoles y se abra otro flanco de
debilidad estructural del Euro. Tales consideraciones y medidas pueden sonar
meramente prescriptivas, pero ilustran un posible camino instrumental para
enfrentar una crisis bancaria, en medio de la crisis financiera
internacional como la que se vive. Sin duda, prescribir y proponer siempre
tiene riesgos de aceptación y de rechazo, todo depende de los costos y
logros que se pretendan alcanzar.
Tales son las lecciones que se pueden extraer de EU, cuyo plan originalmente
fue por Paulson-Bush y después corregido por el mismo. De igual forma, del
plan de rescate bancario británico (identificado como Plan Brown; por el
nombre del primer ministro de entonces), y los intentos iniciales de la
administración trans-fronteras de la crisis financiera hechos en octubre
2007, por el Council of Economic and Finance Minister (ECOFIN Council), de
la Unión Europea (UE). Los intentos de ECOFIN, culminaron en junio de 2008
en un Memorandum of Understanding que incorporó el Plan Brown, que
finalmente fue abandonado al enfrentar la crisis financiera a nivel de cada
país y por el rechazo firme de Alemania para su generalización en la zona
Euro (The ‘British Plan’ as a Pace-Setter: The Europeanization of Banking
Rescue Plans in the EU?*, Lucia Quaglia, University of Sussex, 2009).
Fehacientemente, en tales casos que incluyen también el rescate bancario del
francés BNP Paribas y el alemán Hypo Bank, las circunstancias de autonomía
monetaria son diferentes al caso español, así como la condición imperativa
del llamado Pacto Fiscal, los niveles de deuda soberana y la realidad
económica y política específica de cada país. Sin embargo, dado que el
propio Consejo del ECOFIN tomó originalmente como validos los puntos
estratégicos del rescate bancario británico, se les puede juzgar como
pertinentes para atender una situación de crisis bancaria como la española.
El Plan Británico fue articulado funcionalmente sobre tres pilares: la
provisión de liquidez al sistema financiero, a través de un esquema especial
de liquidez operado por el Banco Central (BC); un programa de
recapitalización de los bancos, por el cual el BC podría comprar acciones de
los bancos; y la garantía gubernamental para la nueva emisión de deuda por
los bancos. Los tres pilares, simples pero focalizados, garantizaron que el
sistema bancario británico no se colapsara. Indudablemente que la puesta en
marcha del Plan tuvo contratiempos e implicó errores de instrumentación pero
no de dirección. A pesar de su alta exposición al “ladrillo”, los altos
niveles de endeudamiento privado y la depresión económica vigente, la banca
británica ha ido campeando los efectos adversos de una política fiscal
restrictiva y proclive al desempleo; hechos que pueden servir de referencia
al caso español.
En términos instrumentales, para el caso español en primer lugar se debe
considerar que el problema no es simplemente un problema local, sino para
toda la zona Euro. Lo que suceda adversamente a la banca española afectará
inmediatamente al resto de la zona Euro. Así, la permanencia del Euro y la
sanidad bancaria española están indisolublemente vinculadas. En segundo
lugar, es necesario contar con un plan integral que pueda ser funcionalmente
puesto en marcha en el corto plazo. En tercer lugar, ello implica centrar el
problema instrumental en el ámbito de las autoridades políticas, monetarias
y de regulación nacionales; de otra manera se continuará corriendo siempre
atrás de los eventos y se terminará por meter a la economía real en una
larga depresión, como ha sido el caso japonés. En cuarto lugar, es
comprensible aceptar que habrá un costo público que se deberá ir abatiendo
conforme se recupere la sanidad financiera del sistema bancario. En este
sentido, debe aceptarse que este costo deberá ser mayormente en beneficio de
los deudores, cuya capacidad de pago permitirá recuperar la buena marcha del
sistema financiero y bancario.
Finalmente, pero no menos importante, antes de confiar en las entidades
externas, llámense consultores, auditores, BCE, FMI, (Fondo Monetario
Internacional), entre otros más, es indispensable contar o crear una contra
parte nacional, que deberá ser el interlocutor técnicamente válido entre el
sistema financiero con el gobierno y con las entidades externas. En este
contexto, el Plan de rescate debería considerar cuatro ámbitos: el de la
zona Euro, el ámbito macroeconómico nacional, el netamente financiero y el
bancario, que integraría deudores y acreedores. Los tres últimos ámbitos son
mayormente operacionales y de decisiones casi soberanas, por lo que sus
resultados positivos a la postre serían en beneficio de la propia zona Euro.
De manera más concreta para el caso español, al Plan Británico de tres
pilares: provisión de liquidez; recapitalización de bancos y garantía
gubernamental de nueva emisión de deuda por los bancos, habría que agregar
al menos dos pilares más, que residen en el ámbito netamente bancario. Ellos
son el del seguro explicito para el total de depósitos y ahorros y la
reestructuración y reconversión de adeudos bancarios hipotecarios y de las
pequeñas y medianas empresas.
Dado que el contagio es un riesgo sistémico interno y para la zona Euro, se
deben asumir compromisos explícitos del gobierno para evitar las corridas
(rum) de los depositantes y la falta de compromisos de los accionistas. Así,
se debe anunciar públicamente, desde ya, que todos los depósitos de la banca
española están protegidos. En segundo lugar, que la capitalización de la
banca se daría por dos vías; con la capitalización de las ayudas ya
proporcionadas y con la creación de empresas inmobiliarias y de
arrendamiento ad-hoc para cada caso, en las que el estado compartiría el
riesgo con los bancos, con el beneficio correspondiente a los deudores. Sin
compromiso público y cuidando el bien general no se puede paliar y menos
salir de una crisis, como la que enfrenta
España. Los mismos instrumentos y
las mismas conductas sólo pueden producir peores resultados.
Un rescate ordenado de la banca española se puede implementar con la
arquitectura financiera básica con la que se cuenta y con los fondos
instituidos. Sólo hace falta creatividad y voluntad, ver el futuro sin
olvidarse del pasado, pero sin anclarse en este último. Los detalles para
lograr tal fin son tema de otra historia y de un ámbito sumamente terrenal y
no del cielo. Esencialmente si se considera que los bancos españoles algún
día deberán regresar terrenalmente al mercado.
